Estados Unidos sanciona dos casinos mexicanos por lavado de dinero vinculado al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha anunciado nuevas sanciones contra el Cártel del Noreste (CDN) mediante la congelación de bienes y propiedades ubicadas en territorio estadounidense. Las medidas afectan a dos establecimientos de juego en Tamaulipas —los casinos Centenario y Diamante— así como a tres individuos clave en la estructura de la organización criminal, acusados de participar en tráfico de fentanilo, tráfico de personas, blanqueo de dinero y extorsión.
Alcance de las sanciones: casinos y operadores identificados
Las sanciones se dirigen específicamente a dos establecimientos de juego operados por la Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). El Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es descrito por la OFAC como un depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, además de servir como punto de blanqueo de dinero ilícito a través de sus operaciones de juego. El documento oficial también señala que el cartel utiliza las trastiendas de este negocio para torturar e intimidar a presuntos enemigos de la organización criminal.
El Casino Diamante, con sede en Tampico, Tamaulipas, y un sitio web de apuestas asociado, también opera bajo la estructura de CAMSA. Según la investigación estadounidense, ambos establecimientos integran ganancias ilícitas al sistema financiero legítimo mediante sus operaciones de juego, lavando recursos procedentes de actividades delictivas.
Tres colaboradores clave del Cártel del Noreste congelados
La OFAC ha identificado a tres individuos vinculados a la estructura del CDN cujos bienes en Estados Unidos quedan embargados. Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, es responsable de operaciones de tráfico de personas en el Río Bravo para la organización. Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, presta servicios ilegales a miembros del CDN que van más allá de la relación abogado-cliente habitual, además de ser defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, exlíder de Los Zetas actualmente detenido en Estados Unidos. Jesús Reymundo Ramos Vázquez completa el trío de colaboradores sancionados.
La medida afecta a cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más de estos tres individuos. Todos los bienes e intereses patrimoniales en Estados Unidos quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Investigación paralela de autoridades mexicanas
De forma complementaria, la Secretaría de Hacienda de México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La investigación mexicana detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.
Basándose en estos hallazgos, la UIF ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Asimismo, ha compartido la información con la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Contexto de operaciones contra el Cártel del Noreste
Esta acción representa la tercera operación de la OFAC contra líderes y afiliados del Cártel del Noreste durante la administración Trump. El 21 de mayo de 2025, la oficina sancionó a dos miembros de alto rango y traficantes de armas de la organización. El 6 de agosto de 2025, designó a tres miembros de alto rango adicionales y al narco-rapero El Makabélico, quien supuestamente brindó apoyo al CDN utilizando sus plataformas de streaming y conciertos para generar ingresos y lavar dinero para el cartel.
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado estadounidense designó al Cártel del Noreste como una organización terrorista extranjera, reflejando la gravedad con que las autoridades estadounidenses consideran la amenaza que representa esta agrupación criminal en la región.
