Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se jugarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta al límite del voto

La jornada electoral peruana del 12 de abril de 2026 desembocó en un recuento largo y altamente disputado que ha terminado por confirmar a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como aspirantes a la presidencia en segunda vuelta. Según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 17,1% de los votos en la primera vuelta, mientras que Sánchez alcanzó el 12% antes de la revisión de porcentajes derivada de decisiones posteriores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En paralelo, el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga quedó tercero con el 11,9% de los votos, quedándose a apenas 21.200 sufragios de Sánchez en el corte inicial difundido por la ONPE. Otro recuento citado en la cobertura del proceso apunta a una diferencia de 18.799 votos entre ambos, con el 99,94% de actas revisadas, lo que refuerza la idea de una definición voto a voto en el acceso al balotaje frente a Fujimori.

La ONPE subraya que la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta se programa para el domingo 17 de mayo, una vez incorporadas las resoluciones del JNE sobre votos impugnados y candidaturas invalidadas. Los plazos administrativos cierran así un periodo de más de un mes de incertidumbre, en el que la disputa por el segundo lugar fue tan relevante como el liderazgo inicial de Fujimori.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) introdujo un elemento clave en la fase final del escrutinio al resolver que los votos emitidos a favor de la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), liderada por Napoleón Becerra, debían considerarse nulos. La razón esgrimida fue la vacancia de la candidatura presidencial debido al fallecimiento del postulante, lo que dejaba sin efecto la validez de esos sufragios en la contienda por la jefatura del Estado.

La ONPE aplicó esta resolución excluyendo dichos votos del cómputo para la elección presidencial, pero sin tocar los sufragios emitidos a favor del mismo partido para el Congreso ni para el Parlamento Andino. El resultado fue una recalibración porcentual que no altera el número absoluto de votos de cada candidatura, pero sí sus porcentajes finales sobre el total válido.

Tras esta corrección, Keiko Fujimori pasó a concentrar el 17,192% de los votos, Roberto Sánchez el 12,039% y Rafael López Aliaga el 11,912%, con 1.993.905 sufragios. Por debajo se situaron Jorge Nieto Montesinos con el 10,978% (1.837.517 votos), Ricardo Belmont con el 10,150% (1.698.903 votos), Carlos Álvarez con el 7,926% (1.326.717 votos) y Alfonso López Chau con el 7,296% (1.221.272 votos).

Estos ajustes confirman que, aun sin modificar la fotografía de quién pasa a segunda vuelta, la distancia entre Sánchez y López Aliaga fue extremadamente estrecha, y que una parte del electorado quedó fuera del reparto presidencial por una causa sobrevenida, pero ajustada a la normativa electoral vigente.

Con los resultados ya encarrilados, la segunda vuelta del 7 de junio se perfila tan polarizada como la de 2021. Keiko Fujimori, de 50 años, afronta su cuarta postulación presidencial tras haber perdido por escaso margen frente a Pedro Castillo en el anterior balotaje. Roberto Sánchez, de 57 años, exministro de Comercio Exterior en el gobierno de Castillo, se presenta por primera vez como aspirante a la presidencia, encarnando la opción de izquierda que se mide a la candidata de Fuerza Popular.

Las informaciones disponibles destacan que el antivoto jugará un papel determinante, en un país que ha tenido nueve presidentes desde 2016, la mayoría de ellos destituidos por el Congreso. Este clima de inestabilidad y rechazo cruzado condiciona tanto las estrategias de campaña como la movilización de votantes que apoyan más contra un rival que a favor de una propuesta.

Sobre Sánchez pesa además un frente judicial abierto. La Fiscalía ha solicitado una pena superior a cinco años de prisión por presuntos delitos vinculados a la financiación de campaña, concretamente por supuestas inconsistencias en los informes financieros de su partido entre 2018 y 2020. La acusación menciona aportes no declarados por más de 57.000 dólares y le atribuye los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de información sobre aportes. El candidato ha rechazado las imputaciones en redes sociales, calificándolas como intentos de desacreditarlo políticamente, mientras una audiencia fijada para el 27 de mayo deberá decidir si el caso avanza a juicio.

La logística electoral también ha sido objeto de escrutinio. Durante la primera vuelta, retrasos en el envío de material impidieron que más de 50.000 personas pudieran votar, obligando a extender la votación un día adicional. Pese a ello, las autoridades han mantenido el calendario hacia la segunda vuelta, en un contexto donde cada gesto institucional y cada resolución del árbitro electoral adquieren un fuerte significado político.

Estos datos sintetizan el escenario competitivo que ha dejado la primera vuelta, con siete candidaturas por encima del 7% y una clara fragmentación del voto. La mínima brecha entre el segundo y el tercer puesto refuerza la lectura de que la segunda vuelta se decidirá por márgenes igualmente estrechos, con un electorado muy repartido que deberá reacomodarse entre dos opciones percibidas como polos opuestos del espectro político peruano.