El Gobierno admite que no ha cobrado ninguna multa al juego ilegal: 465 millones pendientes
El Gobierno ha reconocido por escrito que no ha cobrado ni un euro de las multas impuestas a operadores de juego online ilegal durante los últimos cinco años. El importe acumulado asciende a 465.427.500 euros entre 2022 y 2026, y la totalidad sigue pendiente de cobro.
El dato figura en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Congreso, recogida por Europa Press y difundida en octubre de 2026. El PP había preguntado por el importe de las sanciones impuestas por la Administración General del Estado y por las medidas adoptadas para cobrarlas a operadores radicados fuera de España.
Cinco años de multas sin un solo cobro
El desglose anual de la respuesta muestra 128.427.500 euros en 2022, 150.000.000 euros en 2023, 96.000.000 euros en 2024, 51.000.000 euros en 2025 y 40.000.000 euros en lo que va de 2026.
La frase central del texto es literal: «no ha sido abonada ninguna cantidad, permaneciendo pendiente de cobro su totalidad».
Según el detalle publicado por la prensa especializada, las sanciones corresponden a infracciones muy graves relacionadas con el juego online sin licencia. El importe más alto se registró en 2023, y desde entonces la cuantía anual ha bajado cada año hasta los 40 millones contabilizados en 2026. Ninguno de esos ejercicios, sin embargo, aporta un solo euro ingresado a las arcas públicas.
Por qué el Gobierno dice que no puede cobrar
El Gobierno describe el juego online ilegal como una actividad transfronteriza. Según la respuesta, las empresas que lo ofrecen tienen su domicilio social, cuando es posible conocerlo, en «jurisdicciones terceras no colaborativas», de modo que las investigaciones quedan limitadas a la información de fuentes abiertas.
A ello se suma que estos operadores actúan sin establecimiento real en España y con estructuras societarias opacas. Funcionan mediante dominios, marcas, pasarelas de pago y soportes tecnológicos que el texto califica de «fácilmente» sustituibles, algo que a juicio del Ejecutivo «hace imposible el cobro de las sanciones». Como prueba de esa dificultad, la respuesta cita la vía complementaria a la sancionadora que ha articulado la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
Esa vía permite interrumpir la actividad de juego ilegal incluso cuando se desconoce quién es el infractor.
La multa como herramienta de protección
El Ejecutivo sostiene que «la eficacia de la actuación administrativa no puede valorarse principalmente por el cobro efectivo de las multas impuestas». Lo relevante, según su argumento, es la capacidad del regulador para «detectar, interrumpir, bloquear y desincentivar la oferta no autorizada dirigida a consumidores españoles».
«La finalidad principal de la actividad sancionadora no es, por tanto, recaudatoria, sino de protección del mercado y de los consumidores», concluye el texto.
Entre los efectos prácticos de una multa impagada, la respuesta enumera la interrupción de la captación de jugadores españoles y el bloqueo o la dificultad de acceso desde España. También menciona la retirada de visibilidad en buscadores, redes, afiliados y publicidad, las trabas para usar medios de pago o proveedores tecnológicos, la constancia administrativa de la infracción y el impedimento para acceder después al mercado regulado. El Gobierno añade que las sanciones muy graves a operadores sin licencia se acompañan del bloqueo de páginas y de la publicación de las resoluciones firmes.
El texto no fija ningún calendario para reclamar las cantidades pendientes ni anuncia una reforma del régimen sancionador.
