Reglamento de Apuestas: Normativa DGOJ en España

El Reglamento de Apuestas se organiza en tres bloques normativos diferenciados que cubren el ciclo completo de la actividad. El primero define el objeto y ámbito de aplicación, exigiendo licencia general o singular de la DGOJ para cualquier operador que ofrezca apuestas remotas en territorio español. El segundo bloque establece requisitos técnicos concretos: generadores de números aleatorios (RNG) certificados por laboratorios independientes, geolocalización obligatoria del usuario y trazabilidad de cada transacción. El tercer bloque se centra en la protección del jugador, imponiendo límites de depósito que en 2026 se han unificado a nivel estatal para evitar que un mismo usuario los eluda abriendo cuentas en varios operadores.

Alcance y Licencias

El reglamento abarca apuestas deportivas tanto pre-partido como en directo (in-play), además de apuestas de concurso mutuo, pero excluye expresamente las loterías estatales gestionadas por Loterías y Apuestas del Estado. La licencia general habilita una operación continuada en el tiempo, mientras que la licencia singular se concede para eventos puntuales o modalidades muy específicas. Ambas exigen renovación periódica y auditorías técnicas que verifican el cumplimiento de los estándares fijados por la DGOJ.

Los operadores deben implementar autolimitaciones de depósito, autoexclusión voluntaria y avisos de tiempo de juego (reality checks) que se activan cada hora de sesión. Desde 2026, España aplica un sistema de límites de depósito centralizados y comunes a todas las plataformas: un tope por defecto de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros en periodos de cuatro semanas, computados de forma global por persona y no por operador. Esta medida sustituye el esquema anterior, en el que cada plataforma fijaba límites de forma independiente, y busca impedir que un jugador evada los topes abriendo cuentas en distintos operadores. Cuando el sistema detecta patrones de riesgo o pérdidas netas elevadas, se activa una evaluación obligatoria que puede derivar en la reducción de límites o en la suspensión temporal de la cuenta, y los operadores están obligados a reportar estos casos a la DGOJ.

El reglamento exige el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales (AML), con verificación de identidad (KYC) mediante DNI antes de la primera apuesta y mantenimiento de cuentas de jugador segregadas de los fondos operativos del negocio. Prohíbe además la publicidad engañosa y restringe la promoción del juego en horarios y canales sensibles, en línea con la Ley 13/2011 y sus modificaciones posteriores. El incumplimiento de estas obligaciones se clasifica en infracciones leves, graves y muy graves: estas últimas conllevan multas de entre 100.001 y 1.000.000 de euros, cantidad que puede ampliarse hasta seis u ocho veces el beneficio ilícito obtenido por el operador, además de la posible suspensión o revocación de la licencia. Este marco sancionador busca preservar la equidad en un mercado español de apuestas cuyo GGR (ingresos brutos de juego) superó los 1.600 millones de euros anuales según los últimos datos publicados por la DGOJ.